Postura del Instituto del Desarrollo de la Juventud a recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal sobre recomendación y reforma de beneficios

BlogIDJJuntaSuperFiscal

En su más reciente informe al Congreso de los Estados Unidos, la Junta de Supervisión Fiscal recomendó al Gobierno Federal transformar el programa PAN (programa de Asistencia Nutricional), Sección 8 y TANF a un crédito por ingreso del trabajo. En la página 14 y 15 del Informe anual de la Junta para el año fiscal 2017, el ente argumenta que de esta manera se incentivará el trabajo y a la vez se mantendrá el bienestar de niños, envejecientes y personas con discapacidad. Sin embargo, la manera en que la recomendación está presentada representa una amenaza al bienestar de las niñas, niños, jóvenes y sus familias, al igual que un impacto negativo para nuestra economía que lleva debilitada por más de una década de recesión y contracción fiscal. Aunque se entiende el problema de la baja participación laboral del país que esta política pública busca atender, el informe adolece de los datos, información o estadísticas que la sustentan. Tampoco se citan estudios existentes sobre el tipo de políticas públicas que han logrado fomentar participación laboral, mientras se mantiene asegurado el bienestar de poblaciones vulnerables.

El problema medular de la recomendación de la Junta es que parte de la premisa de que la baja tasa de participación laboral en Puerto Rico se debe al hecho de que los programas de asistencia económica crean una situación en la cual es más rentable recibir ayudas públicas que trabajar. Estudios recientes han retado este concepto, en específico relacionado al impacto de TANF en la participación en el campo laboral. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Interamericana, se encontró que el programa no proveía suficiente apoyo económico para desincentivar el trabajo.

Desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) la experiencia de campo nos ha acercado a familias que al comenzar un trabajo pierden sus ayudas y no están listas para asumir las nuevas cargas económicas. Esta problemática es llamada el “benefit cliff” y ha sido investigada/estudiada por varias organizaciones a nivel nacional y local. La conclusión es que la respuesta de política pública tiene que estar dirigida a apoyar a aquellas familias que consigan trabajo, de manera que sus beneficios se vayan reduciendo paulatinamente, hasta que lleguen a obtener seguridad económica. Otras opciones recomendadas incluyen empleos subsidiados, los cuales han sido utilizados en otras jurisdicciones y han demostrado tener efectos positivos para tanto empleados como patronos con incrementos en la participación laboral. La propuesta articulada por la Junta no toma en cuenta el hecho de que Puerto Rico se encuentra en una recesión económica y crisis fiscal, la cual ha llevado a la reducción de oportunidades de empleo.

En el IDJ hemos observado como los niveles de pobreza infantil han aumentado paulatinamente durante los años de recesión- de un 55% en el 2005 a un 58% en el 2008. También hemos observado como la proporción de niños cuyos padres no tienen empleo seguro ha aumentado durante este periodo de un 51% a un 58% . Esto ilustra que a través de este periodo de contracción económica, el obtener un empleo seguro se ha vuelto aún más difícil, y apuntan a que la tasa participación laboral ha estado atada a el cuadro económico. Por lo tanto, condicionar apoyos para servicios básicos como la vivienda y la alimentación podría implicar la destitución total de muchas familias que no lograrían conseguir empleo en la economía formal.

Es importante señalar que el impacto sería extenso, especialmente en familias con menores. De acuerdo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en el 2016, 675,000 familias recibieron PAN. En términos de vivienda en el 2016, 101,243 unidades de vivienda eran subsidiadas a través del gobierno federal y de esas, el 53% incluían a niños menores de 18 años. En el 2016, sobre 57,000 familias puertorriqueñas se beneficiaron de TANF. La mayoría de esas familias incluía a madres y sus hijos menores de 18 años (el 93%).

El Instituto apoya el crédito por ingreso de trabajo, pero en los análisis de políticas públicas que hemos realizado hemos visto que el crédito funciona, solo en conjunto con otras ayudas y apoyos. Podemos proveer más información y recomendaciones de políticas públicas y programas probados en otros países y jurisdicciones para incentivar la participación laboral y que no ponen en juego el bienestar de nuestras familias.

El impacto de un cambio de política pública de la magnitud recomendada por la Junta sería nefasto, tanto para la sociedad como para la economía. En temas tan sensitivos, que afectan las necesidades básicas de cientos de miles de puertorriqueños, especialmente para familias con niños, la primera recomendación del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) a la Junta de Supervisión Fiscal, es que se realicen las investigaciones necesarias o se busque la asesoría de expertos en el tema. En el Instituto nos hemos puesto a la disposición de la Junta y estamos disponibles para educar sobre este y otros temas relacionados a la juventud, las políticas públicas que los benefician y la integración al campo laboral de padres y madres de familia de manera responsable.